La Ley de Nacionalidad Saharaui busca reconocer derechos a descendientes de saharauis bajo administración española. Es crucial que quienes se opongan expliquen sus razones, en lugar de desmovilizar el apoyo. Se plantea que esta ley es una deuda histórica de España con el pueblo saharaui, y su rechazo cerraría oportunidades de cambio.
Si alguien está en contra de la Ley de Nacionalidad Saharaui, lo honesto es decirlo con claridad: pedir a los diputados y diputadas de las Cortes Generales que voten no cuando la iniciativa llegue al Pleno del Congreso.
Y, sobre todo, explicar por qué. Explicar por qué habría que impedir que se apruebe una ley que reconoce un derecho largamente reclamado por personas saharauis nacidas bajo administración española y por sus descendientes. Explicar por qué, después de décadas de abandono, habría que cerrar ahora una puerta que por fin empieza a abrirse.
La pregunta es sencilla: ¿quieren que esta ley salga adelante o quieren que se hunda? No hay que esconderse detrás de frases confusas, sospechas permanentes o debates que acaban sirviendo, en la práctica, para desmovilizar y debilitar el apoyo a la iniciativa.
La Ley de Nacionalidad Saharaui no es una concesión gratuita. Forma parte de una deuda histórica, jurídica y política del Estado español con el pueblo saharaui. España administró el Sáhara Occidental, abandonó el territorio sin culminar su descolonización y dejó a miles de personas saharauis en una situación de desamparo que todavía hoy tiene consecuencias.
Por eso, si alguien cree que esta ley no debe aprobarse, que lo diga de frente. Que pida el voto en contra. Que explique a las familias saharauis afectadas por qué prefiere que nada cambie. Que explique por qué resulta mejor mantener el bloqueo que reconocer, aunque sea parcialmente, una deuda que España nunca debió eludir.
Atribuir esta ley a una maniobra de Marruecos carece de sentido político. Marruecos no quiere que España reconozca una deuda histórica con el pueblo saharaui; quiere que esa deuda desaparezca. No quiere que se hable de saharauis nacidos bajo administración española; quiere que se hable de “marroquíes del sur”. No quiere reparar ninguna injusticia: quiere borrar el origen colonial del problema y negar al pueblo saharaui como sujeto de derechos.
Nuestra posición es clara: la Ley de Nacionalidad Saharaui debe aprobarse. Y quien trabaje para impedirlo tendrá que asumir también la responsabilidad política de haber ayudado a cerrar una oportunidad histórica.
Fuente: Elaboración propia / seguimiento parlamentario de la Proposición de Ley sobre nacionalidad española para la población saharaui.
