Estados Unidos mostró interés en la ley de nacionalidad española para saharauis, según una conversación entre el embajador Michael Waltz y el ministro José Manuel Albares. Esta ley, aprobada y luego disuelta, busca aliviar la situación de refugiados y facilitar negociaciones sobre el Sáhara Occidental.
La información sobre el interés expresado por Estados Unidos en la ley de nacionalidad española para los saharauis sigue ampliando su recorrido. ECSaharaui ha recogido este jueves el artículo publicado por NOTEOLVIDES sobre la conversación mantenida entre Michael Waltz, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
La información parte de una revelación de Ignacio Cembrero en El Confidencial, según la cual Waltz trasladó a Albares que la aprobación de la iniciativa podía contribuir a reducir la población de los campamentos de refugiados saharauis y facilitar un eventual acuerdo político en el marco de las negociaciones sobre el Sáhara Occidental.
La proposición de ley, impulsada por Sumar, fue aprobada por el Congreso el 10 de septiembre y remitida al Senado, pero decayó posteriormente con la disolución de las Cortes. Desde la parte saharaui, el apoyo a la medida estuvo acompañado de cautela: Brahim Ghali señaló que podía aliviar la situación de muchos saharauis, pero advirtió de que no debía eclipsar el objetivo de la autodeterminación.
La publicación de ECSaharaui vuelve a situar así la nacionalidad saharaui en una dimensión más amplia que la estrictamente parlamentaria. La iniciativa aparece también vinculada al contexto de las negociaciones abiertas durante 2026 sobre el futuro del Sáhara Occidental y al interés mostrado por Washington en sus posibles efectos políticos.
La ley de nacionalidad española para los saharauis ha sido cancelada debido a las elecciones anticipadas, a pesar de haber avanzado en su proceso legislativo. Propuestas alternativas no garantizan la protección de derechos previamente acordados.
La proposición de ley sobre nacionalidad española para los saharauis ha decaído con el adelanto electoral. Esa es, por desgracia, la realidad. Había superado el Congreso, estaba ya en el Senado y debía llegar al Pleno este miércoles 7 de octubre. La disolución de las Cortes pone fin ahora a su tramitación.
Frente a esa realidad, Tesh Sidi ha ido ofreciendo este lunes distintas posibilidades para mantener abierta la esperanza. Primero sostuvo que todavía podía salvarse si el Partido Popular retiraba sus enmiendas antes de la publicación del decreto de convocatoria electoral. Horas más tarde puso sobre la mesa otra fórmula: que el Gobierno conceda la nacionalidad mediante carta de naturaleza por Real Decreto.
El problema no es intentar encontrar una salida. El problema es presentar sucesivamente como posibles salvavidas mecanismos que no equivalen a mantener viva la ley que acaba de caer. La carta de naturaleza, por ejemplo, no recupera aquella regulación ni reconoce con carácter general el acceso a la nacionalidad previsto en la proposición. Obliga a solicitarla ante el Ministerio de Justicia y deja en manos del Gobierno la resolución de cada caso.
En una cuestión que afecta directamente a decenas de miles de saharauis, esa diferencia no es menor. Tampoco lo es trasladar durante unas horas la impresión de que una actuación del PP podía todavía rescatar la iniciativa y, posteriormente, sustituir esa expectativa por otra vía completamente distinta. No estamos ante un debate parlamentario cualquiera. Estamos hablando de personas que han seguido durante años una ley que por segunda vez ve frustrado su recorrido con el final anticipado de una legislatura.
Por eso resulta difícil entender la ligereza con la que hoy se han ido anunciando posibles soluciones. Una representante pública que ha hecho de esta ley una de sus principales iniciativas tiene también la responsabilidad de explicar con absoluta precisión cuándo existe una salida efectiva y cuándo solamente se está planteando una posibilidad política o jurídica todavía inexistente. Crear nuevas expectativas el mismo día en que la ley decae no ayuda a los saharauis afectados; añade frustración a una situación que ya es suficientemente grave. EL OBSERVADOR SAHARAUI
La diputada Tesh Sidi ha reaccionado al adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez y ha advertido de que, con la publicación de la convocatoria y la disolución de las Cortes, la proposición de ley sobre nacionalidad saharaui quedaría fuera de esta legislatura.
Sidi plantea dos posibles salidas. La primera sería que el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, retirara o revirtiera las enmiendas introducidas durante la tramitación. La segunda pasaría por una actuación del Gobierno mediante decreto.
La primera opción dependería de una decisión política del PP y, además, tendría un margen temporal muy reducido si la disolución de las Cámaras entra en vigor al publicar la disolución de las Cortes en el BOE de mañana, 6 de octubre, antes del Pleno del Senado previsto para esta semana.
La segunda tampoco permitiría sustituir automáticamente la proposición de ley que decae. Un decreto no puede convertirse sin más en la continuación de una reforma legislativa pendiente. La proposición de ley que estaba tramitando el Parlamento pretendía cambiar de forma general las reglas de acceso a la nacionalidad para un colectivo de saharauis. Eso exige una norma con rango de ley. No puede sustituirse sin más por un decreto del Gobierno porque la propia Constitución establece que la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde conforme a la ley, y además los decretos-leyes tienen límites cuando afectan a materias del Título I, donde está regulada la nacionalidad.
Otra cosa distinta es la carta de naturaleza. El Código Civil permite que el Gobierno conceda la nacionalidad mediante Real Decreto cuando concurren circunstancias excepcionales en una persona concreta. Eso puede servir para expedientes individuales o grupos muy determinados si se articula así, pero no equivale a cambiar la ley para establecer un derecho general o una vía permanente para todos los saharauis afectados. Por eso, si la proposición decae con la disolución de las Cortes, un Real Decreto no la “rescata”: como mucho abriría una vía distinta, excepcional y discrecional.
Por ello, si ninguna de esas vías prospera antes de la disolución, la fórmula ordinaria para recuperar la iniciativa sería volver a presentarla en las nuevas Cortes tras las elecciones generales.
ACTUALIZACIÓN a NUEVA PROPUESTA DE TESH SIDI (17:3oh)
Tesh Sidi ha concretado posteriormente a nuestra publicación que la vía que propone al Gobierno no consistiría en sustituir la proposición de ley mediante un decreto con el mismo contenido, sino en recurrir a la carta de naturaleza, prevista en el Código Civil y concedida mediante Real Decreto cuando concurren circunstancias excepcionales. Según Europa Press, quienes pudieran acogerse a esta fórmula tendrían que presentar su solicitud ante el Ministerio de Justicia y el Gobierno resolvería posteriormente cada expediente.
Se trataría, por tanto, de una vía distinta a la reforma legislativa que ahora decae: no modificaría de forma general el Código Civil ni recuperaría automáticamente la proposición de ley, pero permitiría al Gobierno estudiar concesiones de nacionalidad mediante un mecanismo excepcional ya previsto en el ordenamiento.
La diputada Tesh Sidi ha expresado preocupaciones sobre el adelanto electoral y su impacto en la proposición de nacionalidad saharaui. Plantea opciones limitadas para revertir la situación, pero advierte que un decreto no puede sustituir una ley, dificultando la recuperación de la iniciativa legislativa.
La diputada Tesh Sidi ha reaccionado al adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez y ha advertido de que, con la publicación de la convocatoria y la disolución de las Cortes, la proposición de ley sobre nacionalidad saharaui quedaría fuera de esta legislatura.
Sidi plantea dos posibles salidas. La primera sería que el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, retirara o revirtiera las enmiendas introducidas durante la tramitación. La segunda pasaría por una actuación del Gobierno mediante decreto.
La primera opción dependería de una decisión política del PP y, además, tendría un margen temporal muy reducido si la disolución de las Cámaras entra en vigor al publicar la disolución de las Cortes en el BOE de mañana, 6 de octubre, antes del Pleno del Senado previsto para esta semana.
La segunda tampoco permitiría sustituir automáticamente la proposición de ley que decae. Un decreto no puede convertirse sin más en la continuación de una reforma legislativa pendiente. La proposición de ley que estaba tramitando el Parlamento pretendía cambiar de forma general las reglas de acceso a la nacionalidad para un colectivo de saharauis. Eso exige una norma con rango de ley. No puede sustituirse sin más por un decreto del Gobierno porque la propia Constitución establece que la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde conforme a la ley, y además los decretos-leyes tienen límites cuando afectan a materias del Título I, donde está regulada la nacionalidad.
Otra cosa distinta es la carta de naturaleza. El Código Civil permite que el Gobierno conceda la nacionalidad mediante Real Decreto cuando concurren circunstancias excepcionales en una persona concreta. Eso puede servir para expedientes individuales o grupos muy determinados si se articula así, pero no equivale a cambiar la ley para establecer un derecho general o una vía permanente para todos los saharauis afectados. Por eso, si la proposición decae con la disolución de las Cortes, un Real Decreto no la “rescata”: como mucho abriría una vía distinta, excepcional y discrecional.
Por ello, si ninguna de esas vías prospera antes de la disolución, la fórmula ordinaria para recuperar la iniciativa sería volver a presentarla en las nuevas Cortes tras las elecciones generales.
Con la convocatoria de elecciones anticipadas y el registro de enmiendas por parte del Partido Popular en el Senado a la ley de nacionalidad saharaui, mañana, con la publicación en el BOE, quedarían disueltas las Cortes y una ley aprobada por amplias mayorías y al 99% se iría a la basura.
Las opciones que quedan: que el Senado, donde el PP tiene mayoría, retire o revierta sus enmiendas, o que el Gobierno incorpore la medida mediante un real decreto.
Benda Lehbib Loucha relata su experiencia con la nacionalidad española en un artículo de El Salto. Denuncia el limbo administrativo que afecta a familias saharauis y vincula su historia con la ley actual sobre concesión de nacionalidad a saharauis.
Benda Lehbib Loucha ha publicado este jueves en El Salto un artículo en el que relata su propia experiencia con la nacionalidad española y denuncia el limbo administrativo que durante décadas ha afectado a numerosas familias saharauis vinculadas a la antigua administración española.
Lehbib explica que nació en los campamentos de refugiados saharauis y llegó a España siendo niña a través del programa Vacaciones en Paz. Para obtener la nacionalidad española tuvo que acreditar diez años de residencia, mientras en sus documentos figuraba durante ese tiempo como procedente de un «país desconocido». En su familia, recuerda, todavía se conservan libros de familia y DNI españoles de sus abuelos.
La autora vincula esa experiencia con la actual tramitación de la proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a las personas saharauis nacidas bajo administración española, aprobada por el Congreso el pasado 10 de septiembre y actualmente en trámite en el Senado.
Para Benda Lehbib, la iniciativa no sustituye el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación ni resuelve la cuestión del Sáhara Occidental, pero sí supone un reconocimiento de las consecuencias que la presencia colonial española continúa teniendo sobre generaciones de saharauis. «No estamos pidiendo que España nos invente una identidad. Ni un privilegio», escribe. «Yo nunca fui de un país desconocido. Era y soy saharaui».
La ley sobre la nacionalidad española para saharauis se discutirá en el Senado tras ser aprobada con enmiendas del PP, que eliminan la opción de carta de naturaleza, manteniendo la solicitud tras dos años de residencia legal.
La proposición de ley sobre nacionalidad española para los saharauis llegará la próxima semana al Pleno del Senado después de que la Comisión de Justicia aprobara el dictamen con las nueve enmiendas presentadas por el Partido Popular.
Los cambios eliminan la vía especial por carta de naturaleza prevista para los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 sin residencia legal en España. El texto mantiene en cambio la posibilidad de solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia legal, una vía que ya estaba incluida en la versión aprobada por el Congreso.
El PP sostiene que sus enmiendas aportan mayor seguridad jurídica y encajan a los saharauis en una categoría ya existente del Código Civil. El PSOE rechaza ese planteamiento y defiende que la carta de naturaleza responde a la vinculación histórica de España con el Sáhara Occidental.
La mayoría absoluta del PP hace previsible que el texto modificado salga adelante en el Senado. Después tendrá que regresar al Congreso, donde la Cámara Baja podrá aceptar o rechazar las enmiendas introducidas por el Senado.
La Comisión de Justicia del Senado debatirá y votará la ley de nacionalidad española para saharauis, tras su aprobación previa en el Congreso. El Partido Popular ha propuesto enmiendas que eliminan una vía excepcional de acceso a la nacionalidad. La tramitación continúa. Si el Senado introduce cambios, la proposición regresará necesariamente al Congreso el 7 de octubre .
La Comisión de Justicia del Senado debate y vota este miércoles la proposición de ley sobre nacionalidad española para los saharauis, en el primer trámite de la norma en la Cámara Alta después de su aprobación por el Congreso el pasado 10 de septiembre.
El Partido Popular ha presentado nueve enmiendas que modifican de forma sustancial el texto aprobado por la Cámara Baja. La principal elimina la vía especial por carta de naturaleza para los saharauis nacidos bajo administración española y deja como mecanismo general el acceso a la nacionalidad después de dos años de residencia legal. Ese plazo de dos años ya figuraba en la ley aprobada por el Congreso; la novedad del PP es la supresión de la vía excepcional.
Lo que ocurra hoy, sin embargo, no cerrará la tramitación. Si la Comisión incorpora las enmiendas del PP, el texto pasará después al Pleno del Senado. Allí tendrá que votarse la versión modificada y también podrá abordarse el veto presentado por Vox. Si el Senado introduce cambios, la proposición regresará necesariamente al Congreso el 7 de octubre .
Será entonces la Cámara Baja la que tenga la última palabra sobre las enmiendas aprobadas por el Senado. El Congreso podrá aceptarlas o rechazarlas y, por tanto, recuperar total o parcialmente el texto que aprobó el 10 de septiembre. La jornada de hoy abre así una fase decisiva, pero no definitiva, de la ley de nacionalidad saharaui.
El Partido Popular propone en el Senado eliminar la vía especial para la nacionalidad saharaui, condicionando el acceso a dos años de residencia, endureciendo así la normativa existente.
Varios titulares publicados en las últimas horas presentan las enmiendas del Partido Popular en el Senado como una propuesta para permitir que los saharauis obtengan la nacionalidad española después de dos años de residencia. Pero ese plazo reducido ya forma parte del texto aprobado por el Congreso.
La novedad real es otra: el PP quiere suprimir la vía especial por carta de naturaleza para los saharauis nacidos bajo administración española y dejar la reforma centrada en la nacionalidad por residencia. Es decir, no incorpora ese beneficio de dos años, sino que mantiene una parte de la ley mientras elimina uno de sus mecanismos centrales.
La diferencia es importante porque la carta de naturaleza permite acogerse a la futura norma sin exigir previamente dos años de residencia legal en España. Si prosperan las enmiendas del PP, esa posibilidad desaparecerá y el acceso quedará condicionado a la residencia.
Por eso conviene llamar a las cosas por su nombre. El debate en el Senado no consiste en que el PP “dé” a los saharauis un derecho que no tenían en la ley, sino en que propone endurecer el texto aprobado por el Congreso suprimiendo la vía especial de nacionalidad.
La comunidad saharaui en Jerez recibe con cautela la aprobación de una ley para facilitar la nacionalidad española a saharauis. Agradecen el avance, pero expresan desconfianza por promesas incumplidas tras décadas y el impacto de la salida española del Sáhara.
La comunidad saharaui residente en Jerez ha recibido con prudencia la aprobación en el Congreso de la proposición de ley que facilitaría el acceso a la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo la administración española. Un amplio reportaje de lavozdelsur.es, firmado por Francisco Romero, recoge testimonios de varias familias que valoran el avance, pero recuerdan que la iniciativa todavía debe completar su tramitación parlamentaria.
Las voces recogidas comparten una idea común: la esperanza convive con la desconfianza acumulada tras décadas de promesas incumplidas. Algunos testimonios hablan de las posibilidades que abriría la nacionalidad para trabajar, estudiar, viajar o superar situaciones de apatridia, mientras otros insisten en que la medida llega tarde y no borra las consecuencias de la salida española del Sáhara Occidental.
El reportaje pone también el foco en la relación entre la comunidad saharaui y la sociedad española. Varias de las personas entrevistadas distinguen entre la actuación del Estado y el apoyo recibido durante décadas de familias, asociaciones y movimientos solidarios. “El Estado nos ha traicionado, pero los españoles no”, resume una de las voces protagonistas.
Una lectura especialmente recomendable para entender qué significa esta ley más allá del debate parlamentario: qué esperan quienes podrían beneficiarse de ella, qué temen y qué heridas siguen abiertas medio siglo después.
El profesor Juan Soroeta reflexiona sobre la nueva ley de nacionalidad para saharauis, destacando que, aunque mejora vidas individuales, no aborda el derecho de autodeterminación ni el conflicto del Sáhara Occidental, esencial para su futuro político.
El profesor de Derecho Internacional Público Juan Soroeta publica este domingo en El Independiente una reflexión sobre la ley de nacionalidad para los saharauis aprobada por el Congreso. El autor reconoce que la medida puede mejorar de forma importante la vida de muchas personas saharauis y que ha devuelto la cuestión del Sáhara Occidental al debate parlamentario, pero sostiene que no resuelve la cuestión de fondo: el pueblo saharaui sigue sin haber ejercido su derecho de autodeterminación.
Soroeta distingue entre la adquisición individual de la nacionalidad española y el estatuto internacional del territorio. Su argumento es que la ley puede ser compatible con el Derecho internacional porque cada saharaui decidirá individualmente si solicita la nacionalidad, pero eso no sustituye el proceso de descolonización pendiente. A partir de ahí, el artículo cuestiona que la medida pueda presentarse como el cierre de una supuesta “deuda histórica” de España con el pueblo saharaui.
El texto concluye situando nuevamente el foco en la responsabilidad política de España y en la autodeterminación. Para Soroeta, la nacionalidad puede aliviar situaciones personales y ofrecer nuevas herramientas a la población saharaui, pero no elimina la obligación pendiente de abordar el futuro político del Sáhara Occidental. Una reflexión que merece ser leída completa, especialmente en un momento en el que la ley entra en una nueva fase de su tramitación.
La nacionalidad española no puede solicitarse aún, ya que el procedimiento legislativo está en curso en el Senado. Se espera que entre en vigor cuatro meses después de su publicación oficial.
Todavía no puede solicitarse la nacionalidad española mediante este nuevo procedimiento. El Congreso aprobó la proposición de ley el 10 de septiembre y la remitió al Senado, donde continúa su tramitación. Para que sus disposiciones puedan aplicarse, el texto debe completar el procedimiento parlamentario, publicarse como ley en el Boletín Oficial del Estado y alcanzar la fecha establecida para su entrada en vigor. El Congreso registra actualmente la iniciativa con la situación «Senado» y tramitación urgente.
El texto aprobado establece que la ley entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el BOE. Esa es la fecha fundamental para quienes quieran acogerse al procedimiento especial. Por tanto, los cuatro meses no empiezan a contar desde la aprobación del Congreso ni desde su llegada al Senado, sino únicamente desde la eventual publicación de la ley definitiva en el Boletín Oficial del Estado.
A partir de la entrada en vigor comenzaría también el plazo para presentar las solicitudes. El texto concede tres años para solicitar la nacionalidad por este procedimiento, con la posibilidad de que el ministerio competente en materia de Justicia amplíe ese periodo durante un año adicional. Las solicitudes no estarán sujetas a ninguna tasa.
Hay otro plazo que puede generar confusión. La proposición establece que el Gobierno dispondrá de un máximo de seis meses desde la publicación en el BOE para poner en funcionamiento un procedimiento específico dentro de la aplicación informática ya existente que facilite y agilice estas solicitudes. Esos seis meses no son el plazo de entrada en vigor de la ley: corresponden al desarrollo de esa herramienta administrativa específica.
La solicitud deberá dirigirse a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y podrá presentarse por los medios previstos en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. El texto contempla además un formulario específico en la sede electrónica del ministerio competente en Justicia. Quienes ya tengan abierto un expediente de nacionalidad por alguna de las vías ordinarias del Código Civil y cumplan los requisitos de la nueva regulación podrán solicitar expresamente que su expediente continúe conforme al nuevo procedimiento.
Por tanto, hoy no existe todavía una fecha concreta a partir de la cual pueda utilizarse este procedimiento. Esa fecha solo podrá calcularse cuando finalice la tramitación parlamentaria y, si la proposición se convierte definitivamente en ley, aparezca publicada en el BOE. Será entonces cuando puedan contarse los cuatro meses hasta su entrada en vigor y conocerse con exactitud el comienzo del plazo para las solicitudes.
El Congreso aprobó el texto el 10 de septiembre por 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones y lo remitió al Senado. La aprobación del Congreso constituye un paso fundamental, pero todavía no equivale a una ley definitivamente aprobada por las Cortes, publicada en el BOE y en vigor.
