La desaparición de la MINURSO ha modificado profundamente el escenario internacional del Sáhara Occidental. Marruecos celebra el final de la misión, el Frente POLISARIO reafirma su derecho a la autodeterminación y Naciones Unidas afronta las consecuencias de una decisión que deja el territorio sin observadores internacionales. Mientras tanto, el Gobierno español no ha explicado públicamente qué posición mantiene ante un acontecimiento que afecta a su responsabilidad histórica y a la estabilidad de su propia frontera sur.
España no es un observador cualquiera de lo sucedido el 30 de octubre en el Consejo de Seguridad. Fue la potencia colonial del Sáhara Occidental, forma parte del Grupo de Amigos que participa en las consultas sobre el territorio y mantiene relaciones estratégicas con Marruecos y Argelia. Sin embargo, hasta ahora no se conoce una valoración pública específica del Ejecutivo sobre la desaparición de una misión de Naciones Unidas que llevaba 35 años desplegada en la antigua colonia española. Resulta difícil comprender esa ausencia de explicaciones cuando el cierre de la MINURSO abre interrogantes sobre la vigilancia militar, la seguridad regional y el futuro de una descolonización que continúa pendiente.
El giro político de Pedro Sánchez en marzo de 2022 hace todavía más necesaria esa explicación. Al respaldar la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, creíble y realista para una solución, el Gobierno español modificó una posición mantenida durante décadas. Ahora, el fracaso del proyecto estadounidense en el Consejo de Seguridad demuestra que no existe consenso internacional para convertir esa propuesta en el resultado predeterminado de las negociaciones. El veto ruso impidió aprobar aquel texto, pero tampoco prosperó la alternativa de prorrogar la MINURSO durante un año. La misión desaparece sin que se haya resuelto la cuestión esencial: cómo podrá ejercer el pueblo saharaui su derecho de autodeterminación.
La relación con Marruecos es importante para España, especialmente en materia económica, migratoria y de seguridad. Pero precisamente por esa proximidad resulta necesario explicar qué consecuencias puede tener la desaparición de los observadores internacionales en una región situada frente a Canarias y próxima a Ceuta y Melilla. El riesgo de una escalada militar no puede darse por inevitable, pero tampoco debería ignorarse. Una política exterior responsable necesita anticipar escenarios, mantener abiertos los canales diplomáticos y distinguir entre la cooperación bilateral con Rabat y la posición jurídica internacional del Sáhara Occidental. La estabilidad del norte de África no puede construirse únicamente sobre la expectativa de que una de las partes acepte indefinidamente una situación que considera una ocupación.
El próximo 10 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas debatirá las consecuencias del veto que precipitó el cierre de la MINURSO. Será una oportunidad para conocer qué dicen los Estados miembros y comprobar si España decide explicar su postura. No se trata de exigir una declaración simbólica ni de desconocer las dificultades de sus relaciones regionales. Se trata de algo más elemental: saber qué propone el Gobierno español ante la desaparición de una misión creada para organizar un referéndum que nunca llegó a celebrarse, qué garantías considera necesarias para la población saharaui y qué lugar reserva al derecho de autodeterminación en su política exterior.
El silencio tampoco es una respuesta suficiente. España puede mantener su cooperación con Marruecos, pero no debería confundir esa relación con la desaparición de sus responsabilidades políticas ante el Sáhara Occidental. La MINURSO ha dejado de existir; la cuestión saharaui, sus consecuencias regionales y la necesidad de una solución conforme al derecho internacional permanecen. Y Madrid tendrá que explicar, antes o después, qué papel está dispuesto a desempeñar.
EL OBSERVADOR SAHARAUI | OPINIÓN